Sobre prácticas de creación de servicios digitales en el ámbito del turismo.
Escribimos sobre un proyecto que ejemplifica un problema de fondo. Se invierte dinero público en construir una solución sin haber verificado antes si el problema que dice resolver existe realmente para quienes deberían usarla.
En Fundament el diseño está en nuestro ADN y justo por eso nos interesa el tema. Cuando se trata de inversión pública, sea de fondos europeos, estatales o autonómicos, el gasto debe estar justificado por una necesidad real y verificada. No basta con una intención razonable.
Duele que la entidad ejecutora sea una universidad. Es una institución cuyo propio método de trabajo exige estudio e investigación previa para que cualquier resultado tenga rigor. Ese mismo rigor no se ha aplicado aquí a la pregunta más básica. ¿Quién necesita esto, y lo sabemos con certeza, o lo suponemos?
Hablamos de Mallorca Digitalizada, la plataforma de la UIB y el Consell de Mallorca financiada con fondos NextGenerationEU (600.000 €), lanzada en julio de 2026.
Los problemas que dice abordar son reales y relevantes:
- Falta de accesibilidad universal: muchos espacios históricos y naturales, como cuevas o zonas de la Serra de Tramuntana, son de difícil acceso para personas con movilidad reducida. El entorno digital rompe esas barreras físicas.
- Centralización del turismo (overtourism): se busca ofrecer alternativas culturales fuera de los núcleos de masas o las zonas de playa, diversificando la oferta hacia el interior.
- Conservación del patrimonio: la plataforma funciona como archivo digital 3D de alta precisión que preserva el estado de los monumentos frente al desgaste físico, climático o el impacto del turismo masivo.
El desarrollo estuvo dirigido técnicamente por un catedrático experto en tecnologías de la animación, con un equipo de la UIB formado por dos grupos: ingenieros y diseñadores 3D que crearon las reconstrucciones virtuales e interactivas de los monumentos, e historiadores, arqueólogos y geógrafos que verificaron los datos y aportaron planos antiguos para asegurar la fidelidad histórica de las 50 localizaciones reconstruidas.
Conviene detenerse en el segundo objetivo, la lucha contra la centralización del turismo, porque aquí la distancia entre el discurso y la herramienta real es especialmente clara. La plataforma no gestiona flujos de visitantes. No hay algoritmos de recomendación basados en ocupación real, ni alertas que avisen al usuario de que una zona está saturada y le sugieran una alternativa concreta.
Lo que existe es un catálogo estático de 50 localizaciones culturales y de interior, muchas de ellas poco masificadas. Pero toda la iniciativa queda del lado del usuario: es el turista quien tiene que buscar la web por su cuenta, interesarse por esos lugares y decidir visitarlos en lugar de la playa o el núcleo urbano de siempre.
Justificar 600.000 € de fondos públicos con el argumento de que la herramienta «combate la saturación» o «descentraliza el turismo» da por hecho un rol activo que la plataforma no cumple.
Lo que existe es una excelente enciclopedia digital, con vídeo 360° y realidad aumentada, pero es un recurso pasivo. Amplía la oferta cultural disponible en la isla. No funciona como un asistente de tráfico turístico, y no debería presentarse como tal.
El primer objetivo, la accesibilidad universal, también merece revisión, aunque desde otro ángulo. Nadie duda de que existan personas con movilidad reducida que no pueden subir a la Serra de Tramuntana o entrar en ciertas cuevas, y una alternativa digital tiene sentido en ese caso.
La pregunta pendiente es otra: si esa alternativa realmente se ha diseñado pensando en quién la va a usar. No hemos encontrado ningún estudio previo, ni en la documentación del proyecto ni en las fuentes públicas consultadas, que analice las necesidades reales de accesibilidad de los colectivos con movilidad reducida en Mallorca, o de los turistas de perfil senior, antes de construir la plataforma. Si ese estudio existe, no se ha hecho público, y sería razonable esperar que un proyecto financiado en parte con el argumento de la accesibilidad lo incluyera.
Nuestra critica es una cuestión de sostenibilidad en todos los sentidos. No se puede quemar dinero público creando artefactos digitales que nadie ha pedido y que pueden acabar sin ningún uso real. El proceso correcto no es opcional: primero se verifica la necesidad, después se construye, y solo entonces se mide si hay adopción real y qué hay que iterar. Invertir a la inversa es invertir a ciegas.
Y aquí hay una pregunta que merece hacerse… Si el proyecto nace de una universidad pública, ¿por qué no se ha consultado ni dado participación a la Escola de Disseny de Palma, también de carácter estatal, que cuenta con estudiantes y profesionales formados precisamente en estos procesos de validación y diseño de servicios?
Si existe capacidad pública especializada en resolver exactamente esta carencia, y no se ha utilizado.
Un disco duro en un servidor universitario o una web que nadie visita no conservan patrimonio ni educan a nadie por sí solos. El valor técnico existe, pero necesita un canal de distribución que lo conecte con las personas.
Existen muchas formas posibles de resolver esta desconexión. Podría ser un espacio físico, un museo, una integración con centros educativos, o algo distinto que todavía no se ha planteado. No lo sabemos, y sería un error nuestro proponer una solución concreta sin haber hecho antes el mismo trabajo de investigación que reclamamos. Lo que sí sabemos es que la solución no debería decidirse antes de entender qué necesita realmente el usuario final, sea residente o visitante.
El trabajo de conservación técnica de la UIB tiene un valor real. Lo que ha fallado es la estrategia de distribución y la falta de validación con el usuario real antes de decidir cómo se construía. Ese es, precisamente, el proceso que reclamamos: verificar antes de construir, y construir pensando en quien va a usarlo, no solo en quien lo financia.
